Hace años, en un encuentro casual en la ciudad de Oruro con un exparlamentario coincidíamos en una premisa fundamental: cualquier gestión que pretenda conducir la "nave del Estado" debe ser inclusiva. Bolivia no puede gobernarse nunca más de espaldas a los movimientos sociales, campesinos, mineros y obreros. Sin embargo, la realidad actual parece haber distorsionado este principio, convirtiendo la movilización en un arma de asedio. Propongo el siguiente repaso por la actualidad nacional, construido a partir de la mirada acuciosa de reconocidos analistas políticos de nuestro medio y nuestra reflexión.

LA TRAMPA DE LA REPRESIÓN Y LA TIBIEZA

Para el analista Ricardo Paz, la historia boliviana es una maestra implacable que demuestra con precisión matemática que los grupos sediciosos no temen a la represión; al contrario, la necesitan. “El uso inmoderado de la fuerza pública es el combustible que transforma una protesta sectorial en una causa nacional. Cuando el Estado prioriza el fusil sobre la política, cae en la trampa tendida por los extremos”.

En la acera opuesta, el economista Hugo Balderrama advierte que la "tibieza" gubernamental es igual de peligrosa. Si el Ejecutivo no actúa con firmeza ante grupos organizados para la violencia, estos terminarán rebasando el orden estatal y logrando su objetivo final: quebrantar el orden constitucional.

EL DECLIVE DE UN CAUDILLO Y LA CRISIS DE LEGITIMIDAD

Sobre la reciente marcha hacia La Paz, el politólogo Marcelo Silva sostiene que el expresidente Evo Morales ya no posee la fuerza de antaño: "Evo no es ni la sombra de lo que era; carece de la convocatoria necesaria para desestabilizar por sí solo". Silva sugiere que ha sido el propio Gobierno quien, en su afán de confrontación, ha sobredimensionado la figura de Morales. Asimismo, advierte que “si la Central Obrera Boliviana (COB) permite que el ‘evismo’ capitalice sus demandas, la movilización perderá toda legitimidad”.

Por su parte, Franklin Pareja es tajante al calificar los bloqueos de este mayo de 2026 como un proceso de "desestabilización inconstitucional y terrorista". Para Pareja, “estas acciones no son espontáneas, sino ejecutadas por grupos radicales financiados que buscan asfixiar al país. En su visión, exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz no es una reivindicación social, sino un acto sedicioso y criminal”.

EL COMPLEJO PANORAMA DE LA ECONOMÍA BOLIVIANA

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advirtió recientemente sobre una desaceleración generalizada en América del Sur, proyectando un crecimiento de apenas 2,4% para 2026, por debajo del 2,9% alcanzado en 2025. En este adverso panorama regional, el Gobierno de Bolivia presentó el Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado para 2026, el cual prevé un déficit fiscal del 9% y una inflación del 14%. Si bien el Ejecutivo califica estos indicadores como parte de un "escenario realista", la viabilidad de estas proyecciones queda en entredicho ante la profunda crisis social y política que sacude al país.

La estabilidad nacional se ha visto seriamente fracturada por una seguidilla de bloqueos, marchas y gasificaciones que alteran el orden público, con movilizaciones cuyas consignas han mutado de las reivindicaciones sociales tradicionales a exigencias estrictamente políticas, como la renuncia de Rodrigo Paz. Mientras el conflicto se agudiza, la economía boliviana sufre un severo estrangulamiento debido al impacto de los bloqueos de carreteras a nivel nacional. Al respecto, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) estima que estas medidas de presión provocan un daño económico diario de entre 50 y 60 millones de dólares, afectando específicamente al sector industrial con pérdidas de 10 a 12 millones de dólares por cada jornada de paralización.

El eco de esta crisis se refleja en los reportes de la prensa nacional, donde diversos sectores productivos —que van desde la avicultura hasta el rubro oleaginoso— denuncian pérdidas millonarias que amenazan de forma directa la estabilidad de los hogares. Esta preocupante situación fue refrendada por la Cámara de Transporte del Oriente, gremio que alertó sobre una afectación superior a los 150 millones de bolivianos en tan solo ocho días de conflicto. La organización advirtió que estos recursos dejan de dinamizar el mercado interno debido a que miles de choferes, mecánicos y electricistas se quedan repentinamente sin fuentes de ingresos, arrastrando a toda la cadena logística hacia un estado de vulnerabilidad crítica.

¿EL TIEMPO SE AGOTA?

En ese contexto, la narrativa de la dirigencia sindical ha dado un giro radical. Mario Argollo, líder de la COB, justifica las protestas bajo la premisa de que es preferible "ajustarse el cinturón" hoy que permitir la continuidad de un modelo económico que hunde al país en la pobreza. Lo que antes eran pliegos sectoriales se ha unificado en una sola consigna: la renuncia de Rodrigo Paz.

Ante este escenario, surge la interrogante inevitable: ¿Es la salida del presidente la solución? ¿Quién asumiría el mando de un país económicamente quebrado y con necesidades básicas insatisfechas? Distamos mucho de ser la "Suiza" que alguna vez prometió Evo Morales, al contrario, llevó al descalabro la economía de este país.

Es imperativo recordar que sectores como la COB, el magisterio y los cooperativistas —hoy movilizados— mantuvieron un silencio cómplice durante la gestión anterior, la cual sentó las bases del actual desastre. Son, por lo tanto, corresponsables de la crisis. 

Ante este complejo escenario, pareciera que a Rodrigo Paz no solo se le está acabando el margen de maniobra, sino que las puertas hacia una resolución pacífica se le están cerrando de forma definitiva. En el análisis de fondo, resulta imperativo trazar una línea divisoria clara: una cosa es exigir legítimamente el estricto cumplimiento de la Constitución Política del Estado, y otra muy distinta es forzar de manera sistemática la interrupción de un mandato constitucional mediante la asfixia económica del país. 

Pese a que el gobierno trata de disipar los bloqueos a través de las fuerzas del orden como sucedió este sábado reciente en El Alto, sin embargo, estos volvieron a retomar los sitios, manifestando que “el gobierno de Rodrigo Paz Pereira muestra hoy un rostro represor frente a sectores de la población que alguna vez depositaron su confianza en su proyecto político”. El peligro inminente radica en que, en medio de este prolongado clima de desgobierno e incertidumbre, las bases productivas, el empleo de las familias y la golpeada institucionalidad boliviana terminen de desmoronarse por completo mucho antes de que las fuerzas políticas logren encauzar una salida democrática y pacífica a la crisis. ¿No les parece?